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Historia

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1990: Énfasis en la infraestructura

En la década del 1990, Puerto Rico lanzó un programa agresivo de construcción de obra pública, con el BGF como eje en la estructuración de financiamiento. En 1991, el gobierno invirtió $1,900 millones en la construcción y rehabilitación de los expresos y en mejoras al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. A lo largo de la decada el Banco estructuró financiamiento para proyectos como el Tren Urbano, el Superacueducto, el Coliseo de Puerto Rico y el Museo de Arte de Puerto Rico. La industria turística también recibió atención por parte del Banco al establecer el Fondo para el Desarrollo del Turismo. Gracias en parte a los esfuerzos del Banco, diversas cadenas hoteleras internacionales establecieron operaciones en la Isla.

En 1993, el gobierno de Puerto Rico comenzó a privatizar diversas instalaciones gubernamentales y el BGF jugó un papel clave en el proceso. Entre las entidades del gobierno que se vendieron a intereses privados, estuvo la Telefónica de Puerto Rico, las Navieras de Puerto Rico, la Corporación Azucarera, la planta procesadora de piñas de la Autoridad de Tierras e instalaciones carcelarias. Además, la implantación de la Reforma de Salud dio lugar a la venta de muchos de los centros de diagnóstico y tratamiento del gobierno a dueños privados.

Mientras tanto, en 1990 el Banco solicitó por primera vez que sus emisiones de bonos recibieran clasificaciones crediticias. Las casas clasificadoras Standard & Poor's y Thomson Bankwatch asignaron clasificaciones excelentes a las emisiones del Banco, una distinción que obtuvieron sólo otras nueves instituciones en el universo financiero.

La década de los noventa también fue escenario de la desaparición de la Sección 936. En 1996 el Congreso de los Estados Unidos aprobó legislación que proveía para la eliminación paulatina de los beneficios contributivos de la Sección 936 en un período de 10 años. La Isla perdió miles de empleos de manufactura cuando las plantas comenzaron a cerrar operaciones en anticipación de la eliminación de la Sección 936.

Algunos manufactureros estadounidenses con operaciones en Puerto Rico se ajustaron a la pérdida de la Sección 936 convirtiendo sus operaciones en Puerto Rico en Corporaciones Foráneas Controladas (CFC), lo cual les permite posponer el pago de contribuciones federales mediante la transferencia de ganancias a sus operaciones en el extranjero.

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